El modelo económico-social para el Ecuador que han aplicado los gobiernos de Moreno y Lasso es el mismo; tiene su origen en las exigencias del FMI y en los intereses de algunos grupos empresariales y financieros nacionales que solo actúan en su propio beneficio.
Este modelo neoliberal de “crear oportunidades” para determinados grupos empresariales y financieros y olvidarse de la mayoría de los ecuatorianos, ha fracasado en el Ecuador y en todos los países donde se aplicó. No ha logrado una respuesta efectiva del sector privado a las propuestas realizadas y ha paralizado el sector público.
Los grupos empresariales favorecidos incrementaron sus utilidades en épocas de pandemia a partir de la especulación, mientras al mismo tiempo una gran cantidad de ecuatorianos perdía su trabajo ya que fueron despedidos tanto en el sector privado como en el sector público. Se agrandaron las brechas entre ricos y pobres, precarizando las condiciones generales de las mayorías. En los momentos de mayor sufrimiento del país, ciertos grupos empresariales, especialmente del sector financiero, salieron ampliamente beneficiados.
Esta actuación de los gobiernos de Moreno y Lasso debe ser un gran aprendizaje para los ecuatorianos. Los Sistemas de Salud y Seguridad Social deben ser suministrados por el Estado y no pueden estar en manos del sector privado. Los servicios públicos en general, incluidos los que corresponden al sector petrolero, deben ser ejecutados por el Estado de acuerdo con la Constitución de la República (CRE) y solo en casos excepcionales pueden ser delegados al sector privado.
Uno de los principios fundamentales de la CRE del 2008 en vigencia, es la de construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
La CRE en su Art. 1 establece claramente que, “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”
Sobre el Sistema Económico y Política Económica, en el Art. 283 establece que, “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.”
El Modelo Neoliberal que quiere implantar Lasso no tiene cabida en el marco de la CRE en vigencia, ya que el modelo de desarrollo en ella consagrado no es neoliberal. Por ello, en cada decreto que ha emitido en el sector petrolero se encuentran violaciones constitucionales. A continuación, analizaremos la aplicación de este modelo neoliberal en las distintas etapas del sector petrolero:
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA: Incrementar la producción a 1 millón de B/D
Las reservas petroleras probadas, probables y posibles vienen declinado en el tiempo, y en los gobiernos de Moreno y Lasso no se ha realizado ningún esfuerzo por cambiar esta situación. En la campaña electoral Lasso ofreció incrementar la producción petrolera hasta un millón de barriles de petróleo por día, pero evidentemente fue un simple discurso demagógico que no ha cumplido.
Las empresas petroleras concesionarias de Bloques Petroleros han descuidado la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. Están más interesadas en la explotación de los campos existentes debido a las altas tarifas que reciben y a los altos precios del petróleo.
Por otro lado, están interesadas en la migración de contratos de servicios a contratos de participación, por lo que hasta que ello no ocurra y no tengan clara su nueva modalidad contractual, no realizaran actividades de exploración y desarrollo. En resumen, no se está haciendo nada por incrementar las reservas petroleras.
No será posible cumplir con esta promesa de campaña, mientras no se incrementen las reservas petroleras, ya que se corre el riesgo de agotar las reservas probadas ocasionando una crisis económica total en el país.
Como conclusión podemos decir que solo fue una oferta más de la campaña para captar los votos de los ecuatorianos.
DECISIONES DE POLÍTICA PETROLERA: Liberar los precios y la importación de combustibles
Es importante señalar las decisiones que han tomado los gobiernos de Moreno y Lasso en materia de política petrolera, mediante decretos ejecutivos que están orientados a entregar toda la gestión del sector petrolero al sector privado, lo que no está permitido por la CRE.
LA RENTA PETROLERA
La respuesta del gobierno al pedido de los Movimientos Indígenas sobre la no privatización del sector petrolero ha sido “No se ha pensado privatizar los bienes del Estado”. Se pretende confundir a los ecuatorianos ya que, aunque no se transfiera la propiedad de los activos, se transfiere la renta, entregando las utilidades del sector petrolero al sector privado, incumpliendo con la CRE que establece que el objetivo de todos los excedentes de este sector, el más importante de la economía ecuatoriana, es utilizar estos recursos para atender las urgentes necesidades de todos los ecuatorianos.
Una vez más, una respuesta que constituye una burla a los ecuatorianos, ya que, por otro lado, el gobierno ha afirmado su intención de privatizar todo lo que sea posible. Para fundamentar este criterio basta leer lo que decía el Decreto Ejecutivo 95 ya derogado, y lo que dicen las reformas a la Ley de Hidrocarburos introducidas mediante decreto que puso en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
Se intenta privatizar todo el sector petrolero, cuando la CRE solo permite casos que se consideran de excepcionalidad para delegar al sector privado una determinada actividad. El gobierno de Lasso ha declarado públicamente su intención de entregar al sector privado la operación de todo el negocio petrolero en una descarada violación constitucional.
En definitiva, en ese proyecto de ley constaban las reformas a la Ley de Hidrocarburos en las que se viola la CRE en los casos en que se permite la participación del sector privado, pretendiendo crear otras formas de delegación adicionales no previstas en la CRE, por lo que, son totalmente inconstitucionales.
La única manera de cumplir estos mandatos constitucionales y trazar el camino correcto hacia el desarrollo del país, es mediante la construcción de una nueva refinería que atienda la demanda interna de derivados de petróleo, como son los combustibles y el gas, para consumo doméstico, industrial y para la producción de energía eléctrica; productos para el desarrollo de la industria petroquímica; productos para la producción fertilizantes para cubrir las necesidades del agro ecuatoriano.
LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
La CRE y la Ley de Empresas Públicas establecen la obligación de las empresas públicas de alcanzar soberanía en su sector pertinente, en este caso, de PETROECUADOR para atender los servicios públicos inherentes al sector petrolero. Uno de esos sectores es el de la refinación del petróleo que permita atender toda la demanda de combustibles y productos químicos fundamentales que el país necesita para la industria petroquímica, el sector industrial en general y los insumos para el agro.
El gobierno de Moreno, a pesar de que en su programa de gobierno contemplaba la construcción de una nueva refinería, en realidad inició la política petrolera de entrega de la renta petrolera al sector privado, que ahora la continúa el gobierno de Lasso.
Para ello, emitió el Decreto 1094 en el que se excedió en sus facultades al decretar la operación conjunta de PETROECUADOR con una empresa privada a ser seleccionada, para operar la Refinería de Esmeraldas. Este decreto es inconstitucional y debe ser derogado, porque la única operación conjunta que permite la CRE en los Arts. 315 y 316 es mediante la integración de empresas mixtas en las que el Estado tenga la mayoría accionaria. Ninguna ley secundaria puede cambiar esas disposiciones de la CRE.
La verdadera intención era justificar la entrega de la totalidad de la infraestructura petrolera al sector privado, decisión que tomó posteriormente en el Decreto 1158 en donde se dispuso que el sector privado utilice toda la infraestructura petrolera de derivados de combustibles ya que se había autorizado la libre importación de combustibles. Todas estas decisiones contaron con el apoyo incondicional de Lasso, quien ahora lo confirma con la inclusión de todos estos temas en las reformas a la ley de hidrocarburos, introducidas en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
El gobierno actual no tiene ninguna intención de construir una nueva refinería que permita alcanzar una soberanía energética. No consta en su plan de gobierno ni consta entre las acciones que se mencionaron en el Decreto 95 ya derogado. Cualquier mención en ese sentido es falsa. No es coherente con su intención de favorecer a los grandes grupos económicos del país que podrían ser los dueños de las empresas seleccionadas para la importación de combustibles y que muy probablemente sean creadas en paraísos fiscales. Finalmente, el gobierno incluso ha manifestado su intención de refinar el petróleo fuera del país.
La decisión del gobierno de Lasso de no construir una nueva refinería para alcanzar una soberanía energética para atender la demanda interna de combustibles constituye una violación constitucional de los numerales 2, 3 y 7 del Art. 284 y de los numerales 3 y 4 del Art. 304. El gobierno tendrá graves problemas en el sector petrolero cuando se trasparenten los números de los egresos por la importación de combustibles y de los ingresos por la exportación de petróleo.
DEMANDA DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y DEMANDA DE FERTILIZANTES
En los numerales 2, 3 y 7 del Art. 284, en los numerales 3 y 4 del Art. 304, y en los Arts. 319, 334 y 339 de la CRE se dispone que se debe alcanzar la soberanía alimentaria y para ello se debe atender las necesidades que tiene el agro ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano al no impulsar la construcción de una nueva refinería también afecta a la disposición constitucional de alcanzar la soberanía alimentaria ya que allí se obtendrían insumos para la industria petroquímica y para la producción de fertilizantes.
Son grandes grupos económicos los que se dedican a la importación de insumos químicos para la industria y de fertilizantes para el agro. Estos grupos económicos son los mismos que mediante empresas comercializadoras compran la producción de los pequeños productores que se ven atrapados entre los altos costos de los insumos para la producción y los bajos precios que las empresas comercializadoras les quieren pagar a la hora de la cosecha. En muchos casos, estas empresas pertenecen a un mismo grupo económico que los compromete con créditos por los insumos y los ata con la compra de la producción.
La construcción de una nueva refinería que desarrolle industrias locales y produzcan fertilizantes a precios mucho más bajos, sería un duro golpe para estas empresas. Estos importadores, comercializadores y exportadores de productos agrícolas son grupos económicos poderosos que se oponen a la construcción de una nueva refinería que permita alcanzar una soberanía energética y alimentaria.
El modelo económico-social para el Ecuador que han aplicado los gobiernos de Moreno y Lasso es el mismo; tiene su origen en las exigencias del FMI y en los intereses de algunos grupos empresariales y financieros nacionales que solo actúan en su propio beneficio.
Este modelo neoliberal de “crear oportunidades” para determinados grupos empresariales y financieros y olvidarse de la mayoría de los ecuatorianos, ha fracasado en el Ecuador y en todos los países donde se aplicó. No ha logrado una respuesta efectiva del sector privado a las propuestas realizadas y ha paralizado el sector público.
Los grupos empresariales favorecidos incrementaron sus utilidades en épocas de pandemia a partir de la especulación, mientras al mismo tiempo una gran cantidad de ecuatorianos perdía su trabajo ya que fueron despedidos tanto en el sector privado como en el sector público. Se agrandaron las brechas entre ricos y pobres, precarizando las condiciones generales de las mayorías. En los momentos de mayor sufrimiento del país, ciertos grupos empresariales, especialmente del sector financiero, salieron ampliamente beneficiados.
Esta actuación de los gobiernos de Moreno y Lasso debe ser un gran aprendizaje para los ecuatorianos. Los Sistemas de Salud y Seguridad Social deben ser suministrados por el Estado y no pueden estar en manos del sector privado. Los servicios públicos en general, incluidos los que corresponden al sector petrolero, deben ser ejecutados por el Estado de acuerdo con la Constitución de la República (CRE) y solo en casos excepcionales pueden ser delegados al sector privado.
Uno de los principios fundamentales de la CRE del 2008 en vigencia, es la de construir “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”.
La CRE en su Art. 1 establece claramente que, “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.”
Sobre el Sistema Económico y Política Económica, en el Art. 283 establece que, “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.”
El Modelo Neoliberal que quiere implantar Lasso no tiene cabida en el marco de la CRE en vigencia, ya que el modelo de desarrollo en ella consagrado no es neoliberal. Por ello, en cada decreto que ha emitido en el sector petrolero se encuentran violaciones constitucionales. A continuación, analizaremos la aplicación de este modelo neoliberal en las distintas etapas del sector petrolero:
EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA: Incrementar la producción a 1 millón de B/D
Las reservas petroleras probadas, probables y posibles vienen declinado en el tiempo, y en los gobiernos de Moreno y Lasso no se ha realizado ningún esfuerzo por cambiar esta situación. En la campaña electoral Lasso ofreció incrementar la producción petrolera hasta un millón de barriles de petróleo por día, pero evidentemente fue un simple discurso demagógico que no ha cumplido.
Las empresas petroleras concesionarias de Bloques Petroleros han descuidado la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos. Están más interesadas en la explotación de los campos existentes debido a las altas tarifas que reciben y a los altos precios del petróleo.
Por otro lado, están interesadas en la migración de contratos de servicios a contratos de participación, por lo que hasta que ello no ocurra y no tengan clara su nueva modalidad contractual, no realizaran actividades de exploración y desarrollo. En resumen, no se está haciendo nada por incrementar las reservas petroleras.
No será posible cumplir con esta promesa de campaña, mientras no se incrementen las reservas petroleras, ya que se corre el riesgo de agotar las reservas probadas ocasionando una crisis económica total en el país.
Como conclusión podemos decir que solo fue una oferta más de la campaña para captar los votos de los ecuatorianos.
DECISIONES DE POLÍTICA PETROLERA: Liberar los precios y la importación de combustibles
Es importante señalar las decisiones que han tomado los gobiernos de Moreno y Lasso en materia de política petrolera, mediante decretos ejecutivos que están orientados a entregar toda la gestión del sector petrolero al sector privado, lo que no está permitido por la CRE.
LA RENTA PETROLERA
La respuesta del gobierno al pedido de los Movimientos Indígenas sobre la no privatización del sector petrolero ha sido “No se ha pensado privatizar los bienes del Estado”. Se pretende confundir a los ecuatorianos ya que, aunque no se transfiera la propiedad de los activos, se transfiere la renta, entregando las utilidades del sector petrolero al sector privado, incumpliendo con la CRE que establece que el objetivo de todos los excedentes de este sector, el más importante de la economía ecuatoriana, es utilizar estos recursos para atender las urgentes necesidades de todos los ecuatorianos.
Una vez más, una respuesta que constituye una burla a los ecuatorianos, ya que, por otro lado, el gobierno ha afirmado su intención de privatizar todo lo que sea posible. Para fundamentar este criterio basta leer lo que decía el Decreto Ejecutivo 95 ya derogado, y lo que dicen las reformas a la Ley de Hidrocarburos introducidas mediante decreto que puso en vigencia la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
Se intenta privatizar todo el sector petrolero, cuando la CRE solo permite casos que se consideran de excepcionalidad para delegar al sector privado una determinada actividad. El gobierno de Lasso ha declarado públicamente su intención de entregar al sector privado la operación de todo el negocio petrolero en una descarada violación constitucional.
En definitiva, en ese proyecto de ley constaban las reformas a la Ley de Hidrocarburos en las que se viola la CRE en los casos en que se permite la participación del sector privado, pretendiendo crear otras formas de delegación adicionales no previstas en la CRE, por lo que, son totalmente inconstitucionales.
La única manera de cumplir estos mandatos constitucionales y trazar el camino correcto hacia el desarrollo del país, es mediante la construcción de una nueva refinería que atienda la demanda interna de derivados de petróleo, como son los combustibles y el gas, para consumo doméstico, industrial y para la producción de energía eléctrica; productos para el desarrollo de la industria petroquímica; productos para la producción fertilizantes para cubrir las necesidades del agro ecuatoriano.
LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
La CRE y la Ley de Empresas Públicas establecen la obligación de las empresas públicas de alcanzar soberanía en su sector pertinente, en este caso, de PETROECUADOR para atender los servicios públicos inherentes al sector petrolero. Uno de esos sectores es el de la refinación del petróleo que permita atender toda la demanda de combustibles y productos químicos fundamentales que el país necesita para la industria petroquímica, el sector industrial en general y los insumos para el agro.
El gobierno de Moreno, a pesar de que en su programa de gobierno contemplaba la construcción de una nueva refinería, en realidad inició la política petrolera de entrega de la renta petrolera al sector privado, que ahora la continúa el gobierno de Lasso.
Para ello, emitió el Decreto 1094 en el que se excedió en sus facultades al decretar la operación conjunta de PETROECUADOR con una empresa privada a ser seleccionada, para operar la Refinería de Esmeraldas. Este decreto es inconstitucional y debe ser derogado, porque la única operación conjunta que permite la CRE en los Arts. 315 y 316 es mediante la integración de empresas mixtas en las que el Estado tenga la mayoría accionaria. Ninguna ley secundaria puede cambiar esas disposiciones de la CRE.
La verdadera intención era justificar la entrega de la totalidad de la infraestructura petrolera al sector privado, decisión que tomó posteriormente en el Decreto 1158 en donde se dispuso que el sector privado utilice toda la infraestructura petrolera de derivados de combustibles ya que se había autorizado la libre importación de combustibles. Todas estas decisiones contaron con el apoyo incondicional de Lasso, quien ahora lo confirma con la inclusión de todos estos temas en las reformas a la ley de hidrocarburos, introducidas en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.
El gobierno actual no tiene ninguna intención de construir una nueva refinería que permita alcanzar una soberanía energética. No consta en su plan de gobierno ni consta entre las acciones que se mencionaron en el Decreto 95 ya derogado. Cualquier mención en ese sentido es falsa. No es coherente con su intención de favorecer a los grandes grupos económicos del país que podrían ser los dueños de las empresas seleccionadas para la importación de combustibles y que muy probablemente sean creadas en paraísos fiscales. Finalmente, el gobierno incluso ha manifestado su intención de refinar el petróleo fuera del país.
La decisión del gobierno de Lasso de no construir una nueva refinería para alcanzar una soberanía energética para atender la demanda interna de combustibles constituye una violación constitucional de los numerales 2, 3 y 7 del Art. 284 y de los numerales 3 y 4 del Art. 304. El gobierno tendrá graves problemas en el sector petrolero cuando se trasparenten los números de los egresos por la importación de combustibles y de los ingresos por la exportación de petróleo.
DEMANDA DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y DEMANDA DE FERTILIZANTES
En los numerales 2, 3 y 7 del Art. 284, en los numerales 3 y 4 del Art. 304, y en los Arts. 319, 334 y 339 de la CRE se dispone que se debe alcanzar la soberanía alimentaria y para ello se debe atender las necesidades que tiene el agro ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano al no impulsar la construcción de una nueva refinería también afecta a la disposición constitucional de alcanzar la soberanía alimentaria ya que allí se obtendrían insumos para la industria petroquímica y para la producción de fertilizantes.
Son grandes grupos económicos los que se dedican a la importación de insumos químicos para la industria y de fertilizantes para el agro. Estos grupos económicos son los mismos que mediante empresas comercializadoras compran la producción de los pequeños productores que se ven atrapados entre los altos costos de los insumos para la producción y los bajos precios que las empresas comercializadoras les quieren pagar a la hora de la cosecha. En muchos casos, estas empresas pertenecen a un mismo grupo económico que los compromete con créditos por los insumos y los ata con la compra de la producción.
La construcción de una nueva refinería que desarrolle industrias locales y produzcan fertilizantes a precios mucho más bajos, sería un duro golpe para estas empresas. Estos importadores, comercializadores y exportadores de productos agrícolas son grupos económicos poderosos que se oponen a la construcción de una nueva refinería que permita alcanzar una soberanía energética y alimentaria.